El Boletín Oficial del Principado de Asturias publicó ayer el anuncio de salida a información pública de una nueva normativa de regulación del comercio de la caza mayor silvestre abatida en la región, contra la que se podrán presentar alegaciones en el plazo de veinte días hábiles a partir de mañana, según se señala en la propia disposición.

La nueva norma diferencia entre caza mayor destinada a la cesión a detallistas locales y la que llega a salas de tratamiento de caza silvestre. En el primer caso serán los ayuntamientos los responsables de solicitar la autorización correspondiente con aportación del local apropiado y de veterinarios colaboradores, “quienes garantizarán que en todas las muestras aportadas de especies sensibles se realice la investigación de triquinas” conforme al reglamento europeo y “absteniéndose del uso del método triquinoscópico”.

En el caso de las salas de tratamiento oficiales, su titular será “el responsable de supervisar las condiciones de transporte y la correcta identificación de las mercancías”.

Representantes de agrupaciones de cazadores acogen con recelo el proyecto, del que, dicen, fueron informados durante los últimos meses, pero no con el objetivo de consensuar, sino, simplemente, de divulgarlo.

A su juicio, de llegar a convertirse en norma, las nuevas exigencias supondrán una “complicación probablemente innecesaria” y un “encarecimiento” importante de la comercialización de la caza mayor.

El argumento básico es que el principal objetivo del proyecto parece ser la lucha contra la triquinosis, que es una enfermedad que, según las fuentes consultadas, “no se registró en Asturias desde hace más de diez años”.

Fuente: cazawonke.com y  elcomercio.es